Colectivos y especialistas en derechos de las mujeres señalaron que el endurecimiento de sanciones por feminicidio aprobado recientemente en Yucatán representa un avance legal, pero resulta insuficiente si no se acompaña de políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia de género.
La directora de Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., Kelly Ramírez, indicó que aumentar las penas hasta 70 años de prisión envía un mensaje institucional, aunque subrayó que el problema tiene raíces estructurales relacionadas con desigualdad, educación y falta de atención temprana a mujeres en riesgo.
El decreto estatal también contempla sanciones contra servidores públicos que omitan investigar los casos como feminicidio o filtren información de las indagatorias, medidas que, según activistas, deben complementarse con acciones preventivas en comunidades, escuelas y espacios públicos.
Por su parte, la activista Nancy Walker advirtió que diversos estudios señalan que elevar castigos no reduce por sí mismo la incidencia del delito, por lo que consideró prioritario destinar presupuesto a programas de prevención y atención integral a víctimas de violencia.
En la misma línea, Adelaida Salas, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la entidad, sostuvo que la justicia debe centrarse en evitar que los crímenes ocurran, además de garantizar procesos eficaces y sin impunidad cuando se presentan.
Las organizaciones coincidieron en que la protección efectiva de las mujeres requiere estrategias integrales que incluyan educación, detección oportuna de riesgos y fortalecimiento institucional, por lo que exhortaron a autoridades estatales y municipales a reforzar las acciones preventivas más allá del ámbito punitivo.
