En Yucatán, más de la mitad de las cárceles municipales se encuentran en condiciones precarias, advirtió la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Marilú Méndez. La funcionaria señaló que ya se han emitido avisos a los ayuntamientos para atender estas deficiencias.
El estado cuenta con 106 municipios, incluidos los penales de Mérida, y Codhey realiza inspecciones periódicas para evaluar la infraestructura, las condiciones de higiene y la seguridad de los centros de detención.
Méndez explicó que uno de los objetivos es garantizar que las cárceles no operen como “masmorras”, sino como espacios de detención que respeten la dignidad humana y los derechos fundamentales de los internos.
Varios ayuntamientos ya han solicitado apoyo y asesoría a Codhey para transformar sus instalaciones y cumplir con los estándares recomendados por el organismo. Estas acciones buscan prevenir violaciones a los derechos humanos dentro de los penales municipales.
Además de supervisar los centros de detención, Codhey refuerza programas de atención a mujeres víctimas de violencia, consolidando su papel como organismo de orientación y apoyo para la ciudadanía.
Finalmente, la presidenta subrayó que la meta del organismo es fortalecer su estructura interna y su presencia en todo Yucatán, asegurando que sus recomendaciones tengan un impacto real en la mejora de condiciones penitenciarias y en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos.
