La denuncia sobre una presunta red de fraude en la compraventa de vehículos en Yucatán apunta a la posible participación o protección de funcionarios estatales, según víctimas que exigen que el caso se investigue como asociación delictuosa. Aseguran que la intervención de servidores públicos habría permitido la operación del esquema durante meses sin consecuencias.
De acuerdo con los afectados, al menos 60 personas han presentado denuncias por la venta irregular de automóviles, en la que los compradores entregaban dinero por unidades que posteriormente resultaban con documentos falsificados o problemas legales. Las víctimas sostienen que actuaron de buena fe y que el daño económico es considerable.
El caso derivó en la detención de Liany Nery P. A., vinculada a proceso por un fraude cercano a 150 mil pesos, aunque los denunciantes aseguran que existen decenas de operaciones similares. La mujer enfrenta el proceso penal mientras continúan las investigaciones para determinar si hay más implicados.
En el Centro de Justicia Oral de Mérida se llevó a cabo una audiencia para revisar las medidas cautelares de la imputada, luego de que su defensa promoviera un recurso legal para que pudiera continuar el proceso en libertad. Sin embargo, autoridades informaron que la acusada permanecerá en prisión preventiva.
Las víctimas describen un modus operandi basado en rentar vehículos, clonar identificaciones oficiales y facturas para vender las unidades a terceros. Posteriormente, los autos eran recuperados o reportados, lo que dejaba a los compradores sin posibilidad de recuperar su dinero.
Tras la audiencia, los denunciantes reiteraron su exigencia de que se investigue la posible red de complicidades y se sancione a todos los responsables. También pidieron que las autoridades amplíen las indagatorias para esclarecer si existió encubrimiento por parte de funcionarios públicos.
