Varias personas denunciaron la existencia de una presunta red dedicada a estafar compradores de vehículos en Yucatán, en la que, según los afectados, podrían estar involucrados funcionarios y servidores públicos del estado.
El modus operandi, documentado por las víctimas, consiste en ofrecer autos a precios atractivos en redes sociales, recibir el pago en efectivo y entregar el vehículo; posteriormente, los coches son reclamados por arrendadoras de autos, con apoyo de la policía, dejando a los compradores sin dinero ni el bien adquirido.
Entre los casos más destacados está el de Héctor Naal, cuya familia vio arruinada la Navidad después de comprar un vehículo Vento el 21 de diciembre de 2025. Según relató, el auto fue retirado de su domicilio por una persona que se presentó junto a una patrulla de la SSP, y posteriormente fue localizado en el Periférico siendo conducido por un extranjero que lo habría arrendado.
Situaciones similares ocurrieron con Reina Uicab y Guadalupe Balam, quienes adquirieron vehículos a la misma mujer identificada como Liany Nery Ayala Pacheco, residente de Dzilam González y presuntamente vinculada a Morena. En sus casos, los autos fueron retenidos por irregularidades en la documentación, como facturas y credenciales apócrifas, y presentaron denuncias en la Fiscalía que hasta ahora no han avanzado.
Las víctimas aseguraron que la presunta estafadora ha utilizado documentos falsificados, como facturas y credenciales de elector, y que al menos 60 personas podrían haber sido afectadas por la misma estrategia, presuntamente con la complicidad de arrendadoras de autos y otras personas identificadas como Estefani Oramas y Gustavo Castillo Jiménez, hijo de un coordinador de enlace en la Contraloría del estado.
Tras hacer pública la denuncia, las víctimas fueron recibidas por personal de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, temen que las carpetas de investigación no progresen, ya que algunos casos están siendo investigados como robo y no como fraude, lo que dificulta la detención de la presunta responsable.
Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se investigue la posible red de estafas y se lleve ante la justicia a quienes podrían estar involucrados, insistiendo en que la impunidad favorecería la continuación de estos delitos y la afectación de más ciudadanos.
