La preocupación por la pérdida de vestigios prehispánicos llevó a habitantes de diversas comunidades mayas a concentrarse en el acceso de la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde denunciaron presuntas omisiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la protección del patrimonio cultural en Yucatán.
De acuerdo con los participantes, en distintas regiones del estado se han registrado afectaciones a sitios arqueológicos sin que exista una respuesta efectiva de la autoridad encargada de su resguardo. Señalaron que estas acciones han impactado espacios considerados sagrados y fundamentales para la memoria histórica de los pueblos originarios.
Uno de los ejemplos expuestos fue el del sitio conocido como Tzemé, en el municipio de Kinchil, donde una empresa avícola desarrolló obras a corta distancia de estructuras prehispánicas. Según los denunciantes, las medidas adoptadas por el INAH no impidieron que se alterara el entorno ni que se perdieran elementos arqueológicos relevantes.
Las comunidades también cuestionaron documentos oficiales en los que el instituto habría reconocido su aval al proyecto y descartado la existencia de vestigios en la zona, información que fue incorporada a un juicio de amparo promovido por habitantes de Kinchil. Posteriormente, el organismo federal informó que revisaría internamente ese procedimiento, aunque los inconformes consideran que el daño ya fue consumado.
Otro caso señalado corresponde a Santa María Chí, donde pobladores acusaron que una granja provocó la destrucción de basamentos y restos arqueológicos en la localidad de San Nicolás, área compartida con el municipio de Tixkokob. En este punto, afirmaron que no se realizaron trabajos de rescate bajo el argumento de que los vestigios habían sido afectados tiempo atrás.
Durante la protesta participaron personas originarias de Dzitnup, Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí, Sisal, Caucel y Yaxkukul, quienes colocaron una corona fúnebre como símbolo del deterioro del patrimonio maya y como llamado público a la intervención de las autoridades.
Tras la movilización, los consejos comunitarios y representantes locales acordaron fortalecer la coordinación entre comunidades para emprender acciones conjuntas en defensa del territorio y del patrimonio cultural, al advertir que la falta de protección institucional pone en riesgo sitios arqueológicos que han sido preservados por generaciones.
