A casi ocho años de emitirse los primeros mandamientos judiciales, Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, continúa sin ser localizado. Las autoridades mantienen abiertas varias órdenes de aprehensión por presunto peculado y desempeño irregular de la función pública.
Registros judiciales recientes precisan que jueces y fiscalías de Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México ratificaron las órdenes emitidas desde 2017. Las instituciones confirmaron que todas cuentan con autorización para ejecutar la captura cuando sea posible.
La actualización más reciente proviene de Yucatán, donde la jueza federal Tania Gabriela González Rosas negó a Guillermo Molina una suspensión definitiva. El recurso buscaba impedir su detención, pero la resolución mantuvo intacta la facultad de las fiscalías para proceder.
El expediente de amparo detalla que, aunque algunas dependencias negaron inicialmente tener órdenes activas, otras confirmaron su vigencia. Entre ellas figuran la Fiscalía de Quintana Roo, su Secretaría de Seguridad Pública y los juzgados del Distrito Judicial de Chetumal, además de las fiscalías de Yucatán y de la capital del país.
Las acusaciones señalan que durante la administración de Roberto Borge se realizaron desvíos millonarios y ventas irregulares de predios estatales. El daño patrimonial podría superar los mil millones de pesos, cifra que continúa sin esclarecerse.
Sin reportes oficiales sobre su paradero, las autoridades mantienen abierta la búsqueda. Diversas actuaciones ministeriales indican que el exfuncionario podría encontrarse en Yucatán, donde ha promovido recursos legales para frenar la acción judicial.
