La iniciativa privada en Yucatán encendió alertas ante el aumento del impuesto sobre nómina y lo que consideran una creciente presión fiscal que limita la competitividad. Desde su posición al frente de Canacintra, Alejandro Gómory Martínez señaló que la preocupación principal ya no es la producción, sino la carga tributaria que —afirma— absorbe buena parte de los costos de operación.
El dirigente expuso que el sostenimiento de empleos, prestaciones y gasto industrial se encuentra en un punto crítico. Según explicó, algunas empresas podrían verse obligadas a subir precios, recortar personal, bajar calidad o reducir inversiones, escenarios que también podrían empujar a pequeños negocios hacia la informalidad.
La preocupación empresarial crece porque, aseguran, no hubo espacio para construir acuerdos con el gobierno estatal antes de implementar el incremento fiscal. Para Gómory, la ausencia de diálogo resulta un síntoma de desarticulación entre autoridad y sectores productivos, lo que —advierte— frena la prosperidad económica regional.
Otro punto de análisis fue el reporte del IMSS sobre empleo formal a nivel nacional. Aunque el documento habla de cifras récord, el líder industrial consideró que el repunte responde al reciente registro de trabajadores de plataformas digitales, un ingreso estadístico que no refleja, dijo, un crecimiento real del mercado laboral.
En Yucatán, la informalidad alcanza a cuatro de cada diez unidades económicas, según datos del INEGI citados por Canacintra. Para Gómory, se trata de una señal de que el marco fiscal no incentiva la formalidad sino que la debilita, especialmente para micros y pequeñas empresas.
Ante este panorama, el representante industrial llamó a replantear las políticas económicas con una visión que priorice la estabilidad productiva, sostenga el empleo formal y permita a las compañías mantenerse competitivas sin trasladar el costo al consumidor ni arriesgar su permanencia en el mercado.
