Los incrementos planteados en tres impuestos estatales destacan como uno de los puntos más sensibles del paquete fiscal 2026 en Yucatán, ya que la propuesta incluye alzas en el Impuesto Sobre Nómina, Ejercicio Profesional y Enajenación de Vehículos Usados. De aprobarse sin modificaciones, el impacto recaería directamente en sectores productivos y trabajadores formales, advierten especialistas.
El economista Javier Becerril García sostiene que la variación en estas contribuciones no solo encarecería la operación de empresas y profesionistas, sino que ampliaría la brecha entre el sector formal e informal. En particular, señala el incremento al Impuesto Sobre Nómina, que subiría de 3 a 3.75%, como una medida que funcionaría en contra de la contratación formal y de la competitividad local.
Además del ISN, el paquete fiscal contempla la elevación del impuesto a la enajenación de vehículos usados, que pasaría del 1 al 3%, así como el aumento al gravamen por ejercicio profesional, de 2 a 3%, con efectos directos en áreas como salud y servicios. A estas modificaciones se suma la propuesta de aplicar un nuevo cobro del 1.5% a plataformas de transporte digital como Uber y Didi.
El especialista señala que estas decisiones podrían incentivar la informalidad, que ya representa cerca del 57% de la población ocupada en Yucatán. Según explica, el impacto económico incidiría en un sector laboral donde la formalización ya es costosa y compleja, y que ahora tendría mayores incentivos para operar fuera del marco regulado.
Becerril, quien se encuentra realizando actividades académicas en la Universidad de Kassel, en Alemania, advierte que la propuesta fiscal mantiene similitudes con modelos centralistas y populistas aplicados en el ámbito federal. A su juicio, el planteamiento resulta contrario al actual ciclo económico y podría frenar la inversión y la productividad en el mediano plazo.
De acuerdo con los documentos remitidos al Congreso estatal, el gobierno prevé ingresos por 66,407 millones de pesos para 2026, de los cuales 5,214 millones provendrían de impuestos locales. En contraste con las alzas, el paquete también considera reducciones en dos contribuciones: el impuesto cedular a actividades empresariales y el gravamen al hospedaje, que bajarían de 5 a 4.5%.
El análisis académico advierte que las modificaciones fiscales no fueron anticipadas durante la campaña del actual gobierno y han generado controversia entre el sector empresarial, particularmente en el impuesto a la nómina, cuya recaudación está destinada al sistema de transporte Va y Ven. Becerril subraya que una falta de transparencia en la administración pública alimenta la incertidumbre y fortalece prácticas económicas informales en el estado.
