Integrantes de la Fundación Yansa advirtieron que el megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas continúa avanzando en Yucatán a pesar de existir una orden judicial de suspensión vigente. De acuerdo con los representantes de la organización, las autoridades ambientales federales han incumplido las resoluciones emitidas por el Poder Judicial.
El activista Sergio Oceransky señaló que el Juzgado Tercero de Distrito otorgó primero una suspensión provisional y posteriormente una definitiva contra la obra. Estas resoluciones se emitieron en octubre, sin embargo, explicó que a siete semanas de dictadas, las obras siguen en marcha. Por ello, presentó una nueva denuncia incidental para documentar el desacato.
Según informó, en el reporte presentado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se reconoció que no se procedió con la clausura, bajo el argumento de que no se estimó necesaria. Para el defensor, esta postura constituye un incumplimiento de una orden federal e ilustra una actuación en favor de intereses privados.
Ante la falta de acción institucional, Oceransky anunció acciones legales adicionales para que los funcionarios responsables respondan por la presunta omisión. También expresó preocupación por el mensaje que deja este caso para las comunidades que no cuentan con asesoría jurídica, al observar que ni con resoluciones firmes se garantiza la intervención de las autoridades ambientales.
La fundación denunció que el conflicto ha derivado en episodios de intimidación y campañas de desprestigio en contra de sus integrantes. Aseguraron que ha habido difamaciones públicas, amenazas y acciones destinadas a generar un ambiente de hostigamiento en su contra. Indicaron que incluso se ofrecieron pagos para organizar protestas dirigidas a desacreditar su trabajo.
Alejandra Poot, también integrante de Yansa, afirmó que ha sido objeto de agresiones desde que comenzó su labor de defensa en el caso. Relató que recientemente se registró un incidente en el que intervinieron cuerpos de seguridad estatales y federales, lo que derivó en una detención y en la presentación de una denuncia formal. La defensora sostuvo que continuará con los procedimientos legales correspondientes.
Los representantes del colectivo solicitaron la intervención tanto del gobierno estatal como del federal para garantizar que las instituciones públicas actúen conforme a derecho. También reiteraron el llamado a depurar y fortalecer a las dependencias encargadas del resguardo del patrimonio ambiental para evitar que queden subordinadas a intereses particulares.
