Solo el 4% de las más de 20 mil empresas instaladas en Yucatán serán las que absorberán de forma completa el incremento al Impuesto Sobre la Nómina previsto para 2026, según el Gobierno del Estado. La administración estatal sostiene que el ajuste al 3.7% no representará una carga generalizada y permitirá mantener el equilibrio financiero del estado.
La medida forma parte del Paquete Fiscal enviado al Congreso local y, de acuerdo con el Ejecutivo, fue diseñada para que el impacto recaiga en compañías con mayor capacidad económica, sin afectar al resto del sector productivo. Asimismo, el Gobierno argumentó que el impuesto es necesario para garantizar la continuidad de programas y obras públicas en curso.
Pese a ello, los organismos empresariales mantienen una posición firme en contra del incremento. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán señaló que el ajuste afectará la competitividad del estado y reducirá la capacidad de las empresas para crear nuevos empleos.
Claudia González Góngora, presidenta del CCE, advirtió que el aumento compromete la estabilidad laboral y frena inversiones previstas para el próximo año. En ese sentido, el sector privado pidió abrir una mesa de diálogo con el Ejecutivo estatal y solicitó a los legisladores no aprobar la reforma fiscal.
El organismo descartó que exista ruptura con la administración estatal, pero reiteró que el alza al impuesto tendrá efectos en la productividad. Además, afirmó que la propuesta se presentó sin consultar previamente al sector empresarial.
Por último, el CCE aclaró que no se opone a proyectos como el sistema de transporte Va y Ven ni a políticas públicas del Gobierno, pero advirtió que la aplicación del ajuste podría obligar a las empresas a frenar contrataciones o limitar la permanencia de su personal.
