Una denuncia por presunta malversación de 165 millones de pesos volvió a colocar bajo escrutinio a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy). El caso fue turnado al Sistema Estatal Anticorrupción, luego de detectarse posibles irregularidades en la administración de recursos estatales destinados a programas agropecuarios durante el sexenio del panista Mauricio Vila Dosal.
De acuerdo con el dirigente actual de la Ugroy, Mario López Meneses, existen elementos documentales y testimonios internos que apuntan a desvíos, duplicidad de proyectos, movimientos financieros sin respaldo y microcréditos otorgados sin garantías. El dirigente sostuvo que los fondos fueron destinados directamente desde la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), lo que obliga a esclarecer cómo se ejercieron y bajo qué criterios se aprobaron.
Los señalamientos incluyen beneficiarios sin comprobación de entrega de apoyos, informes repetidos y falta de evidencia física de los proyectos que supuestamente recibieron financiamiento. También se reportan fallas de supervisión y omisiones por parte de funcionarios responsables de vigilar el uso de los recursos. Un informe interno reciente habría confirmado parte de estas anomalías en una evaluación preliminar.
La gestión anterior de la Ugroy dejó una serie de cuestionamientos abiertos. Tras casi seis años al frente de la organización, su dirigencia concluyó en octubre de 2024 en medio de reclamos por adeudos y opacidad en el manejo financiero. En ese periodo, la presidencia estuvo a cargo del empresario Esteban Abraham Macari, quien ha rechazado los señalamientos mientras la investigación sigue en curso.
López Meneses sostuvo que es indispensable transparentar el destino de cada peso asignado a la organización, conocer quién autorizó los recursos y qué funcionarios participaron en su operación. Enfatizó que las autoridades deben actuar con independencia e imparcialidad para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
El caso podría derivar en implicaciones más amplias para el sector rural en Yucatán, ya que los recursos denunciados provienen de programas destinados a fortalecer la producción agropecuaria. Para el dirigente de la Ugroy, este procedimiento debe servir también para evitar que los fondos públicos vuelvan a ejercerse sin controles claros ni mecanismos de rendición de cuentas.
