Un contrato que garantiza un gasto mínimo de 6.2 millones de pesos fue otorgado por la Secretaría de Salud de Yucatán a la empresa Distribuidora de Fármacos y Fragancias, S.A. de C.V., pese a que hospitales estatales reportan falta de antibióticos, anestésicos y tratamientos oncológicos. La adjudicación se realizó de forma directa y contempla la compra y distribución de medicamentos.
El documento establece una vigencia de solo 28 días, pero permite ampliar el monto hasta 15.5 millones de pesos. No se detalla públicamente el listado de insumos, las fechas de entrega ni los mecanismos de verificación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y los criterios utilizados para seleccionar al proveedor.
La compañía fue constituida en Mérida en el año 2000 y está controlada por Santiago Abelardo Bojalil Rebora y Arturo Fernando Canto Rebora, quienes encabezan su Consejo de Administración. Su objeto social incluye comercialización, importación y maquila de productos farmacéuticos, químicos y cosméticos, lo que le permite participar en licitaciones y compras oficiales.
Registros federales señalan antecedentes de entregas incompletas o fuera de plazo en contratos con instituciones públicas, mismos que derivaron en procedimientos administrativos. Aun así, la empresa fue nuevamente seleccionada para abastecer medicamentos en Yucatán, sin que la dependencia estatal informe sobre medidas preventivas o garantías adicionales.
Mientras tanto, personal médico del O’Horán, del Hospital Regional de Alta Especialidad y del Materno Infantil describe cirugías diferidas y tratamientos suspendidos por falta de insumos. Madres de niñas y niños con cáncer han denunciado retrasos prolongados en la llegada de fármacos indispensables para quimioterapia.
Especialistas en políticas de salud advierten que adjudicaciones sin competencia reducen la capacidad de evaluar precios, tiempos de entrega y desempeño de los proveedores. Consideran necesario transparentar el contrato, publicar inventarios y establecer controles para asegurar que los recursos públicos se traduzcan en medicamentos disponibles para la población.
