Cientos de personas se reunieron en Mérida para protestar contra la violencia que se vive en el país, concentrándose en el Paseo de Montejo y frente al Monumento a la Patria. Aunque la convocatoria estaba vinculada a la Generación Z, muchos de los asistentes eran de otras edades, lo que evidenció el alcance intergeneracional de la movilización. Los manifestantes portaban ropa blanca y sombreros y expresaron su descontento con la administración federal y estatal.
La protesta se desarrolló entre mensajes y consignas que generaron controversia. Entre los gritos se escucharon expresiones como «Viva Cristo Rey» o «Viva Dios», lo que llamó la atención dado que el movimiento no tiene un carácter religioso oficial y sus objetivos declarados se centran en demandas ciudadanas y pacíficas. Estas consignas pusieron en evidencia la falta de un mensaje unificado y desviaron, en parte, la atención de las causas sociales que la marcha buscaba visibilizar.
La movilización comenzó de manera fragmentada. Un primer grupo, de alrededor de 100 personas, se congregó frente al Monumento a la Patria desde las 9 de la mañana. Más tarde, un segundo contingente, de unas 200 personas, avanzó desde el sur de Paseo de Montejo para unirse a la primera concentración. Una vez unidos, algunos asistentes hicieron uso de un micrófono para lanzar mensajes y coordinar la marcha.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública implementaron cierres parciales en vialidades cercanas para resguardar la integridad de los manifestantes. Durante el recorrido, algunos conductores expresaron apoyo a la protesta, mientras que otros mostraron su rechazo.
A pocos metros de las letras de Mérida, se instalaron mesas en las que los organizadores repartieron hojas para que los interesados registraran su nombre, ciudad, estado y número de contacto. El objetivo declarado era conformar el denominado «Tribunal Ciudadano México», destinado a organizar a los participantes, vigilar y exigir acciones al gobierno y establecer mecanismos de participación ciudadana paralelos a los oficiales.
Según los documentos entregados, los participantes debían mantener una postura pacífica pero firme y establecer estrategias de trabajo para supervisar y exigir compromisos de las autoridades, aunque la inclusión de consignas religiosas evidenció la dificultad de mantener un mensaje uniforme y centrado únicamente en la defensa de derechos y demandas ciudadanas.
