Ante los riesgos por el booster del gasoducto Mayakan, las familias asentadas en los alrededores serán reubicadas, confirmó el gobierno de Yucatán al señalar que la medida busca prevenir afectaciones a la población que habita a escasos metros de la infraestructura energética.
Los vecinos habían exigido que se detuvieran las operaciones del gasoducto; sin embargo, las autoridades determinaron que la alternativa sería trasladar a las familias a nuevas viviendas de Infonavit, ya que las actuales también pertenecen a ese instituto y se ubican dentro de la zona de amortiguamiento.
La decisión surge después de semanas de protestas de habitantes del fraccionamiento Gran Calzada, quienes reportaron ruido constante, vibraciones y afectaciones en la salud de niñas y niños debido a la presencia del booster que trabaja con gas natural. El conflicto escaló el 12 de noviembre, cuando bloquearon el Periférico de Mérida tras conocerse que la suspensión provisional del proyecto había sido retirada por orden judicial.
El gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que la empresa Grupo Casitas y el Infonavit ya iniciaron reuniones para definir el mecanismo de reubicación. Aseguró que el Ejecutivo estatal dará facilidades para acelerar los acuerdos y pidió paciencia a las familias mientras se concreta el proceso.
El mandatario también señaló que los permisos para instalar el gasoducto fueron otorgados antes de que existieran las viviendas, y que administraciones anteriores del Ayuntamiento de Umán autorizaron asentamientos en un área que debía mantenerse libre por motivos de seguridad, lo que derivó en la actual situación de riesgo.
Los habitantes han sostenido que nunca fueron informados de la cercanía del proyecto cuando adquirieron sus casas. Por ello promovieron el amparo 2113/2025 para defender su patrimonio y exigir condiciones de vida seguras, aunque la suspensión inicial fue revertida y los trabajos continúan mientras avanza el proceso legal.
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