Más de 400 carpetas de investigación por delitos sexuales se han registrado en Yucatán entre enero y septiembre de 2025, según la Fiscalía General del Estado. Los delitos de abuso sexual pueden alcanzar penas de hasta 20 años de prisión, especialmente cuando la víctima es menor de 15 años o está incapacitada para comprender los hechos, lo que refleja la gravedad de los casos atendidos.
De acuerdo con la Envipe 2025 del INEGI, Yucatán presentó 21 mil 73 víctimas por cada 100 mil habitantes, un incremento del 9.9 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, solo el 9.6 por ciento de los delitos sexuales se denuncia formalmente, dejando que la mayoría de los casos permanezcan invisibles y no contabilizados en estadísticas oficiales.
Los delitos de hostigamiento y acoso sexual están penados con 2 a 6 años de prisión, además de sanciones económicas que se ajustan según la vulnerabilidad de la víctima.
El Código Penal de Yucatán establece agravantes para casos de abuso sexual cuando hay más de un agresor, aprovechamiento de una posición de confianza o autoridad, o situaciones de indefensión de la víctima. Estas medidas buscan reconocer la desigualdad en la relación entre agresor y víctima y aumentar la protección legal.
Las víctimas son principalmente mujeres jóvenes, aunque también se registran casos entre adolescentes y adultas mayores. Los espacios donde se concentran las agresiones incluyen calles concurridas, transporte público, centros laborales y escuelas, mientras que en comunidades rurales y mayas los factores culturales y económicos dificultan aún más la denuncia.
A pesar de los marcos legales, la aplicación de las penas sigue siendo irregular. Numerosas investigaciones se cierran por falta de pruebas o desistimiento de las víctimas, y el acompañamiento legal y psicológico sigue siendo limitado. Organizaciones como el Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán (CJM) alertan que la impunidad refuerza la vulnerabilidad de las víctimas y perpetúa la violencia sexual.
Los registros oficiales muestran que los delitos más frecuentes son acoso y abuso sexual, concentrándose en espacios públicos y privados donde las víctimas se encuentran en situación de desigualdad. Esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer la prevención, la educación sobre consentimiento y la eficacia de las sanciones.
