Para reducir el impacto sobre el entorno, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) supervisa la reubicación de los animales de la granja clausurada a instalaciones que cumplan con normas de sanidad y manejo ambiental. La medida busca proteger tanto los recursos naturales como la salud de la comunidad.
La clausura fue ordenada por la Profepa tras detectar descargas irregulares de aguas residuales y manejo inadecuado de desechos sólidos. La empresa afectada dejó de cumplir con las medidas correctivas establecidas en inspecciones previas.
El traslado de los animales se realiza de manera gradual, asegurando que las nuevas instalaciones cuenten con condiciones adecuadas de higiene, alimentación y espacio. La SDS coordina el proceso con apoyo técnico especializado.
La dependencia estatal también ha intensificado la supervisión de granjas porcícolas en municipios como Mérida, Tizimín, Progreso y Sotuta, con visitas de inspección que buscan prevenir prácticas que puedan dañar el agua, el suelo o el aire.
Se han establecido mesas de trabajo permanentes con productores, autoridades y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de promover soluciones sostenibles que equilibren la producción económica con la protección ambiental.
Las autoridades insisten en que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana es clave para evitar que otras comunidades enfrenten riesgos similares y garantizar que la actividad porcícola en Yucatán cumpla con los estándares de sostenibilidad.
