La empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, fue clausurada de manera total y definitiva por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras incumplir reiteradamente siete medidas correctivas, incluyendo la descarga ilegal de aguas residuales y la falta de caracterización de lodos.
La clausura tiene como objetivo que la empresa concentre sus esfuerzos en reparar los daños ambientales ocasionados en la zona, mediante un estudio de impacto ambiental y el desmantelamiento adecuado de las instalaciones.
La acción de la Profepa responde a años de denuncias presentadas por comunidades mayas y organizaciones civiles, quienes documentaron afectaciones al entorno y a la calidad de vida de los vecinos. Desde 2021, la dependencia ha inspeccionado granjas porcícolas en municipios como Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá, aplicando medidas correctivas cuando fue necesario.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell subrayó que la clausura de Pecuaria Peninsular es resultado de la colaboración con las comunidades afectadas, quienes buscaron justicia ambiental ante años de impactos provocados por la granja.
La Profepa reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental en este sector, proteger la salud pública y garantizar que los derechos de las comunidades a un entorno sano sean respetados.
