A pesar de un fallo firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenaba modificar la Constitución local para reconocer los derechos reproductivos, la mayoría del Congreso de Yucatán se inclinó por no aprobar la reforma. La propuesta no alcanzó la votación calificada que requería su validación y quedó archivada en la sesión del Tercer Período Extraordinario.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para dar cumplimiento a la sentencia judicial. No obstante, las bancadas que votaron en contra optaron por no argumentar públicamente su decisión, dejando sin respuesta las críticas de organizaciones que acusan desacato institucional.
Desde la tribuna, la diputada Clara Paola Rosales Montiel defendió la iniciativa calificándola como un acto de justicia y obligación legal. Advirtió que no acatar el mandato de la Corte implica ejercer violencia institucional contra las mujeres y enfatizó que “la ley se cumple, aunque incomode”.
Colectivos feministas y defensores de derechos humanos han señalado que la negativa mantiene a Yucatán fuera de los estándares nacionales en materia de derechos reproductivos. El incumplimiento podría generar nuevas acciones de la SCJN para obligar a la legislatura local a armonizar sus leyes.
En otros temas de la misma sesión, la mayoría legislativa aprobó cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de transparentar y mejorar su funcionamiento. La diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez, de Morena, aseguró que estas reformas acercarán los servicios de justicia a la población.
Además, fueron nombrados tres legisladores —María Esther Magadán Alonzo, Naomi Raquel Peniche López y Germán Quintal Medina— para integrar el Comité de Seguimiento del Puerto de Altura de Progreso, órgano encargado de supervisar el desarrollo portuario.
Como último punto, el pleno también dio luz verde a modificaciones en la Ley de Archivos del Estado, a fin de homologarla con la legislación federal y mejorar el resguardo de documentos públicos.
En Yucatán de 2018 a 2024, 125 estudiantes de escuelas de nivel básico y media superior fueron víctimas de delitos sexuales. La información fue proporcionada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), a través de una solicitud de información.
El mayor número de casos ocurrieron en escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria y únicamente dos en preparatorias. Revelaron que los agresores sexuales fueron docentes.
En ese sentido vale la pena precisar que el personal de las escuelas tiene la obligación de denunciar sí percibe algún tipo de abuso o maltrato contra sus alumnos, incluso, sí es del propio personal del plantel educativo.
Deben actuar conforme al “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas contra niñas, niños y adolescentes en los plantes de educación básica”.
Sobre las universidades en términos de la Ley General de Educación también tienen la obligación de prevenir este tipo de conductas relacionadas con delitos sexuales. Sin embargo, no existe un protocolo en específico para atender estás violencias en Yucatán.
