En los últimos seis años, 125 estudiantes de educación básica y media superior en Yucatán han denunciado haber sido víctimas de delitos sexuales cometidos dentro de sus escuelas. La información, obtenida por medio de una solicitud a la Secretaría de Educación estatal (Segey), revela que la mayoría de los casos ocurrieron en planteles de preescolar, primaria y secundaria, mientras que en el nivel medio superior sólo se documentaron dos.
En todos los reportes, los presuntos agresores fueron docentes que trabajaban en los mismos centros educativos que las víctimas. La dependencia precisó que el personal escolar tiene la obligación de dar aviso inmediato a las autoridades si detecta cualquier señal de abuso o maltrato, incluso cuando involucra a colegas o directivos del plantel.
Para las escuelas de nivel básico, existe un “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas contra niñas, niños y adolescentes” que establece los pasos para proteger a los afectados y canalizar el caso a instancias judiciales o de atención especializada.
Sin embargo, el panorama es distinto en el nivel superior. Aunque la Ley General de Educación obliga a prevenir y atender agresiones sexuales, en Yucatán las universidades carecen de un protocolo específico para actuar en estos casos, lo que deja a estudiantes y autoridades sin una ruta clara para la atención y el seguimiento de las denuncias.
La Segey informó que todos los incidentes reportados fueron canalizados a las autoridades correspondientes, aunque no precisó cuántos casos derivaron en sanciones administrativas o procesos judiciales contra los responsables.
Organizaciones defensoras de derechos de la niñez advierten que esta falta de mecanismos formales en el ámbito universitario genera un riesgo adicional, ya que puede retrasar la detección y sanción de los agresores, además de desalentar a las víctimas a presentar su denuncia.
