El nuevo decreto estatal para proteger el Anillo de Cenotes recorta superficie a la reserva y deja fuera a los municipios que más agua consumen, incluyendo Mérida, Kanasín y Umán. Estas zonas albergan al 60% de la población y concentran la mayor presión hídrica.
Aunque el gobierno de Yucatán presume un avance legal, el Decreto 88/2025 omite incluir en la protección legal a buena parte de la Subzona 1, considerada la principal área de recarga del acuífero kárstico. La exclusión levanta críticas entre ambientalistas y académicos.
En la práctica, esto significa que las industrias más demandantes de agua, como la porcícola y cervecera, podrán instalarse sin restricciones en los municipios excluidos, aun cuando están sobre las zonas más vulnerables del acuífero.
Una de las principales preocupaciones es la falta de un plan de manejo. Sin lineamientos claros, el decreto carece de fuerza para controlar el avance de megaproyectos y garantizar el acceso al agua limpia a las comunidades cercanas.
Organizaciones como Kanan Ts’ono’ot advierten que, sin participación comunitaria ni voluntad política para aplicar la ley, el decreto será letra muerta. Además, recuerdan que en 12 años, la reserva nunca ha tenido un programa operativo funcional.
Para muchos defensores del territorio, no se trata de crear nuevas normas, sino de aplicar las que ya existen. El recorte a la reserva, en lugar de fortalecerla, confirma la desprotección institucional del acuífero más importante del sureste mexicano.
