La entrada en vigor de la llamada “Ley Silla” ha generado malestar entre el sector empresarial de Yucatán, donde diversos líderes consideran que la nueva disposición, aunque bien intencionada, fue aprobada sin un análisis profundo del funcionamiento real de las empresas. La medida obliga a garantizar asientos y tiempos de descanso a trabajadores que permanecen de pie durante su jornada laboral.
Emilio Blanco del Villar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mérida, aseguró que, aunque acatarán la ley, ésta fue impulsada por legisladores “con total desconocimiento de la operación diaria de muchos negocios”. A su juicio, la reforma podría entorpecer dinámicas laborales y traer consecuencias en la eficiencia y seguridad de ciertos sectores.
La norma, que forma parte de una reforma a la Ley Federal del Trabajo y entró en vigor el 17 de junio, contempla multas de hasta 282 mil pesos y la suspensión de actividades para las empresas que no la cumplan. Los empleadores tienen 180 días para modificar sus reglamentos y adecuar los espacios antes de que inicie su aplicación plena en diciembre.
Blanco del Villar también cuestionó que no todos los puestos laborales pueden adaptarse a esta medida sin afectar procesos productivos o poner en riesgo a los propios trabajadores. “No estamos en contra de proteger la salud del personal, pero necesitamos normativas realistas, no imposiciones mal diseñadas”, afirmó.
La ley aplica principalmente a sectores como supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias y restaurantes de comida rápida, donde es común ver trabajadores de pie durante horas. Sin embargo, la falta de lineamientos técnicos claros ha generado incertidumbre sobre cómo implementar la medida correctamente.
Aunque el cumplimiento será obligatorio, empresarios en Yucatán coinciden en que la legislación debió construirse con mayor consulta y diálogo, para evitar que una norma pensada para dignificar el trabajo se convierta en una carga operativa mal aplicada.
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