Comunidades mayas de Yucatán denunciaron el despojo sistemático de sus tierras por parte de empresas privadas, con el respaldo de autoridades locales y ejidales. Durante el foro Agenda Territorial Participativa, representantes de localidades como Ixil, Kinchil, Celestún, Santa María Chi, Texán Palomeque y Yaxkukul exigieron un alto inmediato a los megaproyectos que amenazan sus territorios.
Los habitantes expusieron casos concretos: en Ixil se pretende despojar 5,300 hectáreas; en Kinchil, 5,000. En Celestún, se simuló un juicio para entregar tierras comunes a la empresa Kekén, y en Texán Palomeque, denunciaron registros irregulares a nombre de particulares ligados a exgobernadores.
Además, alertaron sobre el impacto ambiental y social de las granjas porcícolas y desarrollos inmobiliarios, como una mega granja en Santa María Chi que opera sin permisos y ha provocado enfermedades entre los vecinos. “Nos están quitando la tierra, el agua y la salud”, advirtieron.
Los pobladores también acusaron a tribunales e instituciones de proteger los intereses empresariales y criminalizar a quienes defienden sus derechos. Pidieron mesas de diálogo reales con participación del Gobierno Federal y una intervención urgente para frenar los abusos.
Aunque reconocen el enfoque de justicia territorial del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial 2025–2030, insistieron en que sin voluntad política concreta, el despojo continuará. “No vamos a permitir que sigan destruyendo nuestra tierra. Aquí estamos y aquí vamos a resistir”, concluyeron.
