Representantes de pueblos mayas de Yucatán, como Ixil, Kinchil, Santa María Chi y Santa Gertrudis Copó, se reunieron en Ixil con autoridades federales, incluida Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT, y alzaron la voz para exigir mayor visibilidad y participación en las decisiones que afectan su territorio y denunciar el despojo de tierras a los campesinos.
Durante el encuentro, los líderes comunitarios expusieron sus preocupaciones sobre los megaproyectos energéticos privados impulsados por el gobierno estatal, los cuales, según ellos, favorecen a grandes empresas y atentan contra la biodiversidad local, afectando fuentes hídricas y patrimonios arqueológicos.
Uno de los puntos más destacados en la reunión fue la denuncia contra el apoyo del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y de Pablo Gamboa Miner, director de la Agencia de Energía de Yucatán, a estos megaproyectos.
Los líderes mayas acusaron a Gamboa Miner de tener un conflicto de intereses debido a su vínculo familiar con terrenos afectados por uno de los proyectos. Además, expresaron su rechazo a que estos megaproyectos no benefician a las comunidades, sino que provocan graves impactos ambientales. Invitaron a otras comunidades y organizaciones a unirse a su postura en contra de estos proyectos.
Además de sus objeciones a los megaproyectos energéticos, las comunidades mayas informaron sobre un proceso penal iniciado por la Fiscalía General del Estado, que involucra a campesinos mayas de Ixil y al activista Sergio Oceransky.
Dicho proceso tiene su origen en una denuncia presentada por las familias Abimerhi y Millet, quienes alegan que los acusados son responsables del despojo de tierras que han sido cultivadas por generaciones por la comunidad maya de Ixil. Los campesinos denunciados aseguran que las tierras en cuestión han sido cultivadas pacíficamente por sus familias y que confían en que el proceso legal se resolverá con apego a la ley.
Por otro lado, el Consejo Comunitario de Kinchil preparó una denuncia contra siete desarrollos inmobiliarios ilegales en la región, que están despojando y devastando el territorio. Federico May Cuitún, miembro del consejo, expresó que estos proyectos están siendo impulsados por intereses ajenos a la comunidad, lo que ha generado un impacto ambiental significativo. También señalaron la problemática de la megagranja porcícola Kekén, que ha estado extrayendo grandes cantidades de agua limpia y contaminándola al devolverla al acuífero.
En cuanto a la contaminación ambiental, Santa María Chi solicitó a la PROFEPA que interponga una denuncia penal contra las empresas porcícolas que violan las normativas ambientales. La comunidad de Santa Gertrudis Copó, por su parte, exigió respeto al derecho de consulta y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, subrayando que no han sido consultados adecuadamente sobre los proyectos que afectan su territorio.
Leydi Eloína Cocom Valencia, miembro del Consejo Protector de Santa Gertrudis Copó, concluyó la rueda de prensa destacando la importancia del diálogo con las instituciones federales, pero también señaló la falta de acciones frente a problemas ambientales graves, como el incendio subterráneo que lleva más de 10 años afectando la zona de Copó.
Además, denunció la falta de respeto al derecho constitucional de las comunidades a ser consultadas sobre los proyectos que impactan sus territorios, una demanda que sigue sin ser atendida adecuadamente por las autoridades estatales y federales.
