Desde que Cuauhtémoc Blanco asumió la gubernatura de Morelos el 1 de octubre de 2018, la entidad ha registrado un alarmante incremento en los homicidios dolosos. De acuerdo con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el estado ha alcanzado un total de seis mil siete homicidios, una cifra que evidencia la profunda crisis de seguridad que enfrenta la región.
Escalada de violencia en Morelos
El pasado martes 25 de junio, el gobierno de Blanco superó la marca de los seis mil homicidios. Entre los incidentes más recientes, se reportaron 15 ejecuciones en los municipios de Yautepec, Puente de Ixtla y Jiutepec, así como en la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros.
El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, ha señalado que este aumento en la violencia está relacionado con el período electoral, aunque esperaba que los niveles de violencia disminuyeran tras las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, la situación ha demostrado ser más compleja, y los índices de criminalidad siguen en aumento.
Cifras alarmantes en 2024
Entre enero y mayo de 2024, Morelos ha registrado 534 homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estos números posicionan al estado entre los primeros lugares a nivel nacional en tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes, reflejando una tendencia preocupante que persiste a lo largo de los años.
Transición de poder
El 1 de octubre, Cuauhtémoc Blanco entregará la administración estatal a Margarita González Saravia, quien ganó en las recientes elecciones del 2 de junio. Esta transición se da en un contexto de alta inseguridad, lo que representa un desafío significativo para la próxima gobernadora, quien deberá enfrentar la violencia y buscar soluciones efectivas para garantizar la seguridad de los morelenses.
Factores detrás de la violencia
Diversos analistas señalan que el aumento de la violencia en Morelos se debe a una combinación de factores, incluyendo la debilidad institucional, la corrupción y la presencia de organizaciones criminales que operan con relativa impunidad. Las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora no han logrado frenar la ola de homicidios, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más integral y coordinado entre los distintos niveles de gobierno.
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