El expresidente argentino y sus colaboradores bajo la lupa judicial por presuntos favores a intermediarios en contratos gubernamentales.
El exmandatario Alberto Fernández, quien gobernó Argentina desde 2019 hasta 2023, se encuentra actualmente en el centro de una investigación por supuestos actos de corrupción relacionados con la contratación de seguros estatales durante su administración. Informes judiciales revelan que la justicia argentina ha dado pasos firmes esta semana, incluido el congelamiento de sus cuentas bancarias.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, ha emitido una orden para el congelamiento de los activos de Fernández y ha levantado el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas. Este movimiento se enmarca dentro de una investigación más amplia que busca determinar si el expresidente favoreció la contratación de seguros estatales en beneficio del esposo de su secretaria privada.
Es importante destacar que estas acciones no solo afectan a Fernández, sino que también involucran a otras 32 personas, entre exfuncionarios, empresas y cooperativas, que están siendo examinadas en relación con este asunto. Como resultado, estas personas se enfrentan ahora a restricciones para vender o disponer de sus activos durante el curso de la investigación judicial.
Uno de los aspectos cruciales de esta pesquisa es la conexión entre Fernández y el intermediario Héctor Martínez Sosa, así como su esposa María Cantero, quien ocupó el cargo de secretaria del expresidente. El juez ha señalado que esta relación plantea serias sospechas sobre el papel de Fernández en la intermediación de seguros entre entidades estatales y Nación Seguros.
El expresidente está bajo escrutinio en un escándalo vinculado a la contratación de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato. La investigación se centra en posibles irregularidades relacionadas con un decreto que firmó en diciembre de 2021, en el cual se ordenaba a todos los organismos públicos contratar seguros a través de Nación Seguros, una entidad del Banco Nación estatal. Se sospecha que amigos cercanos al exmandatario se beneficiaron como intermediarios, cobrando comisiones millonarias.
A pesar de que no se requería la intervención de gestores para la contratación de estos seguros, los organismos públicos emplearon a Martínez Sosa, esposo de la secretaria de Fernández, como intermediario. Es relevante destacar que Martínez Sosa figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.
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